Grupo Roble vendió calle del Estado en La Hacienda

La arteria, de unos tres kilómetros, divide a la mitad el proyecto urbanístico Quinta Recreativa La Hacienda. Los compradores denuncian una “estafa” y exigen la privacidad que se les prometió. Los habitantes de la comunidad El Escalón exigen que no se cierre la calle por la que han transitado por más de 70 años. Roble ya fue multado por la Defensoría del Consumidor con 50 mil dólares por “daños morales” y está a la espera de un juicio sancionatorio.
Grupo Roble, la subsidiaria de bienes raíces en Centroamérica para Grupo Poma, vendió un proyecto habitacional privado, y cerrado, sin advertir a sus compradores que en medio pasaba una calle propiedad del Estado. El proyecto Quinta Recreativa La Hacienda, en San José Villanueva, está partido a la mitad por una calle por la que transitan los habitantes de una comunidad aledaña. A los compradores, sin embargo, no se les informó nada. Ellos se enteraron por su propia cuenta, luego de ver que, día tras día, niños, jóvenes, adultos y ancianos atravesaban los casi tres kilómetros del Paseo La Hacienda, desde la comunidad El Escalón, para llegar al casco urbano de San José Villanueva, en La Libertad.Hubo un tiempo, dicen algunos, que hasta ganado pasaba por la arteria. Actualmente, hay un acuerdo entre las dos comunidades –la de los colonos de El Escalón y la de los condóminos de la Hacienda- para que el ganado ya no pase por ahí, con lo cual se evita que dañen los jardines de las lujosas viviendas que lindan a la orilla de la calle. Ahora sólo pasan algunos jinetes en sus caballos, los obreros que continúan construyendo casas y los pobladores de El Escalón… a pie. “Yo soy de los primeros compradores de este engaño”, se queja Mauricio Iraheta. “Vine hace nueve años y le compré el terreno a Eduardo Poma, cuando él anunciaba este proyecto con su empresa Comunicaciones Universales. Se nos vendió un paraíso privado, restringido y con seguridad. Pero usted se da cuenta, esta calle es pública pues”, añade.Iraheta no fue el primero en quejarse por la calle. Antes que él, 35 familias de la comunidad El Escalón comenzaron a protestar por los “atropellos” a los que estaban siendo sometidos por los vigilantes del terreno. La calle pública había dejado de serlo.“Hace unos nueve años, cuando recién empezó ese proyecto, a un mi nieto unos vigilantes lo golpearon todo. Es cierto, mi nieto venía tomado, pero él lo único que quería hacer era pasar por la calle para venir a la comunidad. Pero lo golperaron y todavía tiene dolores de cabeza”, cuenta Juan Antonio Ortiz, vicepresidente de la comunidad El Escalón. Ortiz tiene 70 años y dice que toda su vida ha vivido ahí, y toda su vida ha caminado por la calle en disputa. Cuenta, además, que del ataque contra su nieto incluso hay expediente judicial. “La jueza le preguntó que qué quería. Mi sobrino sólo pidió respeto. Nada más. No pidió nada más”, dice.Según consta en el Centro Nacional de Registros, el 2 de diciembre de 1995, Margarita Sánchez Ramos –dueña de 6 inmuebles rústicos que forman un solo cuerpo- se los vendió a la Sociedad Comunicaciones Universales. Dos años después, el 31 de enero de 1997, ante el notario Piero Antonio Rusconi Gutiérrez, “comparece don Luis Eduardo Poma Delgado en calidad de representante legal de la Sociedad Comunicaciones Universales S.A. de C.V”. Poma, en esa ocasión, hizo una reunificación de inmuebles “quedando este inmueble ya reunido con la capacidad de 224 hectáreas 7000 metros cuadrados, equivalentes a 321 manzanas 5007 varas cuadradas”.Y la calle desaparecióEn septiembre de 2006, nueve años después de que Comunicaciones Universales reunificó las porciones de terrenos del proyecto “Finca El Carmen”, el caso ya estaba en manos de la Defensoría del Consumidor (DC). A esta instancia llegaron un grupo de vecinos afectados que se denominaron “Comité de vecinos de condominio Quinta Recreativa La Hacienda”.Ana María Urrutia de Lara, una de las habitantes más recientes de La Hacienda, y miembro del comité, comparte la versión de Iraheta. Ella fue, junto con otros vecinos, de las primeras en moverse por varias instituciones del estado, incluido el CNR, el Ministerio de Obras Públicas y la DC para buscar explicaciones ya en la etapa Roble. “Como Roble no nos decía nada y como nadie nos decía nada, nos tocó nosotros movernos por nuestros medios para conseguir información. Al principio era un tema secreto. Ni en el MOP ni en el CNR nos daban información. Fue hasta que movimos contactos y con el apoyo de la DC que descubrimos que la calle era pública”, cuenta De Lara.El 12 de septiembre de 2006, la DC entregó copia certificada del informe del CNR a los vecinos que conforman el comité. En este expediente catastral, suscrito por la directora del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, Gracia Morena Peña, consta que hubo una inclusión extraña dentro de las porciones de terreno en 1997. “En esta reunión de inmuebles se incluyó la calle en referencia, cuando según el análisis de los antecedentes de los inmuebles reunidos se establece que están divididos por caminos, esto se puede constatar en las colindancias de los antecedentes reunidos”, dice el informe.El CNR registra que en 1997 el inmueble fue remedido y posteriormente sobre él se constituyó el proyecto habitacional, “incluyendo el bien nacional, al cual se le ha denominado Paseo La Hacienda”.“En inspección de campo se ha podido constatar que ese bien nacional no ha perdido su naturaleza de camino vecinal, ya que es el único acceso a los pobladores del cantón El Escalón, ubicados rumbo sur del referido condominio”, continua el informe.“El camino vecinal, cuyo código es el de 34093 (está) controlado catastralmente a favor del Estado de El Salvador”, concluye.Movimientos paralelosMientras en La Hacienda se movían buscando información acerca de la calle, desde hacía ocho años la junta directiva del cantón El Escalón también buscaba información legal para reclamar su derecho al libre tránsito por el bien público.En la oficina de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) el abogado Marcelo Marqueli dice que el caso de La Hacienda es conocido como un “caso histórico” por los años que lleva en estudio.FESPAD logró reunir a la alcaldía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y representantes de Grupo Roble. “Roble, al principio, sostenía que lo que la comunidad decía no era cierto. Que el camino era privado, no público”, cuenta Marqueli.Las negociaciones se paralizaron. FESPAD, entonces, decidió interponer un amparo ante la Corte Suprema de Justicia por la vía del Habeas Corpus, por impedir el libre tránsito sobre una calle. “En ese interín Grupo Roble buscó acercarse para negociar, pero más para imponer cierta propuesta: construir una calle alterna por la villa de atrás”, dice. El amparo se detuvo.Para entonces los habitantes de La Hacienda y los de la comunidad ya tenían comunicación entre ellos. “Y se dieron cuenta que tanto unos como otros no tienen problemas entre ellos, sino que tiene un problema en común con Grupo Roble”, dice Marqueli.Pero entre ambas comunidades, según cuentan sus habitantes, Roble también quiso sembrar disputas. A los habitantes de La Hacienda, la empresa les seguía defendiendo que la calle era privada; a los habitantes de la comunidad, Roble llegaba a decir que los habitantes de La Hacienda les querían cerrar la calle.“Aquí vinieron representantes de Roble a decirnos que reclamáramos a los miembros del Comité por querer cerrarnos la calle. Engañados, fuimos a platicar con ellos. Pero del engaño nos dimos cuenta todos contra quién debíamos de apuntar fuerzas”, dice Juan Ortiz.La comunidad ya contaba con el apoyo de comunidades aledañas y la iglesia católica de San José Villanueva. Cuando Roble cerró el acceso de la calle con portones, la comunidad fue a botarlos con sierras y palos. Y los apoyó, años después de solicitado, la alcaldía. En una carta fechada el 29 de junio de 2006, el alcalde Francisco Arias (ARENA) ordenó a la administradora de La Hacienda a quitar la puerta de golpe, la caseta de control y la seguridad privada “instalados en la antigua calle al cantón El Escalón”.El 31 de agosto del mismo año, el alcalde, en otra carta, volvió a informar a los directivos de La Hacienda que según mapas del CNR la calle es pública. Un mes más tarde, el 19 de septiembre –luego de haber derribado los portones-, el alcalde mandó otra misiva.“El motivo de la presente es para hacerle una atenta invitación a usted y miembros de su iglesia a la celebración del decreto 1938 de la calle principal cantón el Escalón Piedra Pintada y sus 168 años que se declaró calle pública”, reza la misiva dirigida a Ana María de Lara, entonces presidenta de la junta directiva de La Hacienda.“Nunca le creímos a Roble que esa calle es privada”, dice el alcalde.Las últimas reunionesDiez días después de la celebración de la calle pública, el 29 de septiembre de 2006, Carlos Patricio Escobar Thompson, vicepresidente Ejecutivo de Grupo Roble Internacional, todavía creía que la calle podía cerrarse. Compareció en las oficinas de la Defensoría del Consumidor y declaró que, tras una reunión sostenida dos días antes con la comunidad El Escalón, surgió la posibilidad de desafectar la calle pública. Según cuentan los habitantes de El Escalón, Roble prometió cantareras de agua y servicio del líquido por ocho años, una calle paralela para que por ahí transiten los habitantes de la comunidad, una casa comunal y un campo de fútbol. A la fecha, las cantareras fueron instaladas –e inauguradas por la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, esposa de Escobar Thompson-, pero ni la calle ni las otras promesas han sido cumplidas.La comunidad, sin embargo, dice que nunca aceptó dejar de utilizar la calle. “Es nuestro bien público, lo dice la ley y lo que es es”, señala don Juan. “Dígame cómo yo, que tengo 70 años, voy a preferir caminar por una nueva calle en la que me tardaré hasta hora y media para llegar al pueblo, mientras que en esta me tardo una hora. No señor”.“En cuál llega uno más rápido si se enferma de gravedad, si hay una emergencia. Somos humanos y exigimos que nos traten como tales”, agrega Andrés Guzmán, de la directiva de El Escalón.La nueva calle dejó de construirse, además, porque la comunidad pidió que se bloqueara la obra. “No se dieron cuenta de que en un tramo hay una fuente de agua. Si pasan la calle se acaban el vital líquido para nosotros”, dice Guzmán.Con los habitantes de La Hacienda, Roble se comprometió a instalar barreras perimetrales a la orilla de la calle, mayor seguridad, iluminación, portones en las bocacalles que dan a la calle pública e indemnizaciones. Para desafectar la calle y cumplir con lo pactado, Roble puso fecha: abril de 2007.El tres de octubre de 2006, Roble también se comprometió a pagar en concepto de indemnización por daño moral $50 mil dólares a 14 denunciantes que se dijeron afectados. Las sanciones contra Roble, sin embargo, no terminaron ahí.En julio de este año, tres meses después del plazo, según cuenta Evelyn Jacir de Lovo, Defensora del Consumidor, se sostuvo la última reunión entre Roble y los habitantes de La Hacienda. “Ellos (los habitantes) dijeron no estar satisfechos con la postura de Roble y ya han pedido que se abra un juicio sancionatorio. Nosotros estamos a la espera de si ellos, también, piden que les acompañemos en una causa por daños y perjuicios”, señala.Lourdes de Loubiere, miembro del comité, dice que están estudiando una demanda por estafa contra la empresa. Ellos aseguran que quieren la privacidad que se les vendió a precios entre los 140 mil y 170 mil dólares. En El Escalón, sin embargo, don Juan y sus vecinos se sienten tranquilos. Ya está comprobado que la calle es pública y que no se las quitarán. “Por que lo que está en la ley de la república se debe respetar. Y en la ley de la república dice que esa calle es pública. Lo que es es”, dice. El Faro intentó conocer la versión de grupo Roble en diferentes instancias de la jerarquía. Pero ni la gerente legal, Lucila Argueta, ni el gerente de operaciones, René Panameño, respondieron. El martes 6, desde el despacho de la gerencia legal, se informó que en La Hacienda “no pasaba nada” y que Roble tenía buenas relaciones con sus condóminos. Al preguntar por la demanda en la DC, Julio Guevara dijo que informaría a Argueta y Panameño para que se comunicaran con nosotros. El jueves 8, Argueta dijo no poder atendernos por falta de tiempo.Ese mismo jueves, El Faro solicitó la versión oficial de la empresa a Patricio Escobar vía correo electrónico. El viernes 9, se nos informó que Escobar Thompson estaba de viaje. En el correo electrónico aún no hay respuesta.